¿En qué actividades es obligatorio tener un seguro de responsabilidad civil para ejercer como autónomo?

La creencia de que «las profesiones colegiadas siempre necesitan seguro de responsabilidad civil por ley» es, en la práctica, más matizada de lo que parece. Como regla general, un autónomo puede ejercer sin ese seguro salvo que se dé alguna de estas tres circunstancias: que una ley o normativa sectorial lo exija de forma expresa, que el colegio profesional lo imponga como condición para colegiarse o ejercer, o que sea un requisito para obtener o mantener una licencia o autorización administrativa.

Entre las actividades donde la obligación viene impuesta directamente por una norma estatal están los auditores de cuentas, que deben acreditar una garantía financiera (seguro de responsabilidad civil, caución, aval o depósito) para inscribirse en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas y poder ejercer; los administradores concursales, que necesitan un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente con cuantías mínimas que crecen según el número y la envergadura de los concursos que lleven; y las empresas y despachos de detectives de seguridad privada, obligados por la Ley de Seguridad Privada a contar con esa cobertura para poder operar.

En el sector de los seguros la obligación depende de cómo trabajes: si eres corredor de seguros, o agente vinculado a varias aseguradoras, la normativa de distribución de seguros te exige un seguro de responsabilidad civil profesional propio. Si en cambio eres agente exclusivo de una sola compañía, no necesitas ese seguro individual, porque la responsabilidad de tu actividad la asume la aseguradora a la que representas. También es obligatorio si decides ejercer tu profesión a través de una sociedad profesional en lugar de como autónomo persona física: la ley que regula estas sociedades obliga a la propia sociedad, no al profesional a título individual, a tener contratado un seguro que cubra la responsabilidad derivada de su actividad.

Fuera de estos casos, muchas profesiones que suelen citarse como «obligadas» no lo están realmente por ley estatal. Un arquitecto no tiene ningún artículo de la Ley de Ordenación de la Edificación que le imponga un seguro de responsabilidad civil personal (esa ley sí regula sus plazos de responsabilidad de uno, tres y diez años, y obliga al promotor a suscribir el seguro decenal de daños, que es una cosa distinta); un abogado tampoco está obligado por ninguna ley estatal a título individual, aunque el código deontológico de la abogacía recomiende una cobertura adecuada y algunos colegios la exijan mediante pólizas colectivas; y la administración de fincas ni siquiera es hoy una profesión de colegiación obligatoria, por lo que no hay ninguna norma estatal que imponga el seguro a quien la ejerce.